(This is a copy of a letter sent by CONAIE to the Inter- American Institute of Human Rights - which shows that the Law of Agrarian Development violates internationally recognized rights of indigenous peoples - especially regarding their land rights.)


Quito, 22 de junio de 1994
Se~nor
Roberto Cuellar
Instituto Interamericano de Derechos Humanos San Jos'e.-

Fax: (506) 2340955

De nuestras consideraciones:

Nos dirigimos a Uds. para exponerles la grave situaci'on que se ha creado en el campo ecuatoriano luego que el presidente Sixto Dur'an Ball'en decidi'o promulgar la Ley de Desarrollo Agropecuario (junio 13), aprobada por el parlamento al margen de disposiciones reglamentarias y constitucionales. Es m'as, contrariando la voluntad de los pueblos ind'igenas y los sectores mayoritarios del agro, as'i como de la opini'on p'ublica, que exig'ian que se abra un debate nacional para establecer consensos previos a la discusi'on de este instrumento legal.

Haci'endose eco de esta realidad, la revista VISTAZO, de mayor circulaci'on nacional, en su edici'on del 16 de junio, en una nota referida a la nueva ley agraria expresa: "ser'a moderna, pero la aprobaci'on, feudal", para m'as adelante se~nalar que 'esta "no cuadra pol'iticamente con la Constituci'on de 1979 (vigente en la actualidad) sino con la de 1830". Cabe precisar que la mencionada revista no es precisamente afecta a los pueblos ind'igenas.

Ante la imposici'on de una ley inconstitucional e ileg'itima, que, entre otros aspectos, abre compuertas para la desaparici'on de las tierras comunales, base y sustento de la sobrevivencia de los pueblos ind'igenas, la Confederaci'on de Nacionalidades Ind'igenas del Ecuador, acogiendo el mandato de sus bases, decidi'o impulsar UNA GRAN MOVILIZACION POR LA VIDA (12 de junio) para exigir la derogatoria de la Ley de Desarrollo Agrario.

Como resultado de esta acci'on, desde la semana pasada, en las provincias centrales del pa'is se ha paralizado el transporte y el abastecimiento a los mercados de los productos del agro. La medida de hecho oblig'o al gobierno a recibirnos en Palacio el 20 de junio, mas no se pudo entablar un di'alogo porque se neg'o a escuchar nuestros planteamientos. Y aunque insist'iamos en la necesidad de que se abra realmente un di'alogo, al d'ia siguiente el Presidente decret'o la "movilizaci'on general", que coloca al pa'is bajo la Ley de Seguridad Nacional, con el criterio de "resolver" el conflicto por la fuerza.

Es reconocido universalmente que el problema de la tierra es uno de los reclamos fundamentales de los pueblos ind'igenas, tan es as'i que el Proyecto de Declaraci'on Universal sobre los Derechos de los Pueblos Ind'igenas, en su art'iculo 26, reconoce que los pueblos ind'igenas "tienen derecho a poseer, controlar y utilizar sus tierras y territorios... Ello incluye el derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de la tierra e instituciones para el desarrollo y administraci'on de los recursos, y el derecho a que los Estados adopten medidas eficaces para prevenir toda injerencia, usurpaci'on o invasi'on con estos derechos". En suma, esto es lo que est'a en juego actualmente en Ecuador y, por lo mismo, no podemos claudicar.

Si nuestras acciones pac'ificas de presi'on hasta hoy han significado el sacrificio de tres hermanos asesinados, cu'al es la cuota de sangre que el gobierno pretende imponernos con esta medida de excepci'on para escuchar nuestra demandas, porque la decisi'on de nuestras bases es mantenerse en pie de lucha hasta que sea derogada la mencionada ley. Si se toma en cuenta las dimensiones que ha cobrado el conflicto, la imposici'on de la movilizaci'on general resulta ser una virtual declaratoria de guerra a los pueblos ind'igenas y las mayor'ias del pa'is.

A pocas horas de entrar en vigencia la Ley de Seguridad Nacional, fue allanada y destruida Radio Latacunga pertenenciente a la Iglesia Cat'olica, varias sedes provinciales se encuentran cercadas por militares y se registra un n'umero indeterminado de detenidos y desaparecidos.

Ante la gravedad de esta situaci'on nos dirigimos a Uds., habida cuenta del compromiso que tienen con la vigencia plena de los derechos humanos, para solicitarles que env'ien un/a observador/a para que testimonie ante el mundo lo que est'a pasando en nuestro pa'is; pues mientras la comunidad internacional se prepara para el Decenio de los Pueblos Ind'igenas otorgado por la ONU, el gobierno ecuatoriano se empe~na en desconocer sus demandas b'asicas, a riesgo incluso de provocar un masacre.

Asimismo, les invitamos a pronunciarse p'ublicamente sobre este particular, enviando cartas o fax a:

Sixto Dur'an Ball'en
Presidente del Ecuador
Garc'ia Moreno 1043
Quito - Ecuador.
Fax. (593-2) 580 735

Con copia a:
CONAIE
Av. Granados 2553
Casilla 17-17-1235
Quito - Ecuador
Fax. (593-2) 442271

Con la seguridad de que nuestra demanda ser'a acogida favorablemente, le anticipamos nuestros debidos reconocimientos.

Fraternalmente.

Luis Macas
Presidente CONAIE


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